Organizaciones urgen al Estado salvadoreño a acatar las recomendaciones de la CIDH y brindar justicia y reparación a las víctimas del régimen de excepción

Para las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, es urgente que el Estado salvadoreño cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas incluyen la creación de un registro de víctimas de violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción, la investigación de muertes y casos de tortura de personas detenidas bajo custodia estatal, y el establecimiento de un plan integral de reparación para las víctimas y sus familiares. También las recomendaciones para garantizar el debido proceso y permitir las visitas de familiares a los detenidos.

El informe titulado «Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador», publicado por la CIDH la semana pasada, representa una validación de las voces de las víctimas con las que trabajan las organizaciones salvadoreñas. Asimismo, reconoce el esfuerzo técnico y científico de estas organizaciones al documentar las violaciones de derechos humanos, ante la falta de cifras oficiales y el bloqueo de información pública.

La opacidad en la información de detenidos, procesos judiciales, muertes bajo custodia del Estado y uso de fondos públicos es otro de los señalamientos del informe que las organizaciones destacaron.

Este robusto informe, el más completo hasta la fecha sobre el régimen de excepción, fue elaborado con información de organizaciones sociales, del Estado y otras fuentes. Sin embargo, el Estado salvadoreño no ha permitido una visita de la CIDH al país para constatar directamente la situación.

El informe también desmonta la falsa dicotomía entre derechos humanos y seguridad, señalando en una de sus conclusiones: “La contraposición de estos dos aspectos es un falso dilema. La garantía y protección de los derechos humanos deben ser el objetivo y punto de partida de cualquier esfuerzo en materia de seguridad ciudadana”.

Como las organizaciones han solicitado durante los últimos años, la CIDH también recomendó que el Estado modifique la legislación para incorporar más medidas alternativas a la prisión preventiva, así como ajustar las leyes penales y procesales adoptadas o reformadas durante el régimen de excepción a los estándares interamericanos. Lo mismo aplica para la legislación en justicia juvenil reformada en ese contexto.

Para las organizaciones, este informe posiciona a El Salvador a nivel internacional como un Estado violador de derechos humanos, donde se han perdido los controles propios de una democracia y prevalece la arbitrariedad en un escenario de concentración de poder. Asimismo, esperan que el Estado acate estas recomendaciones y garantice justicia y reparación para las personas inocentes afectadas por el régimen de excepción.

La Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD) presenta su tercer informe anual de agresiones contra personas defensoras y periodistas. El informe analiza un total de 226 casos documentados, el más alto de los últimos tres años, equivalente a un aumento del 24.17% en comparación al año anterior.

A falta de un registro oficial y de la inexistencia de una Ley de reconocimiento y protección a la labor de las personas defensoras y periodistas; este informe constituye un ejercicio legítimo para visibilizar la problemática de desprotección y riesgo en la cual se enmarca esta labor.

En relación al análisis, los datos siguen mostrando la persistencia de un patrón de agresiones contra personas defensoras y periodistas; que se enmarca en un contexto de crisis democrática y de derechos humanos. Estos retrocesos permiten evidenciar que El Salvador no es un país seguro para ejercer el derecho a defender derechos.

La MDDD considera que el régimen de excepción, así como otras medidas legales y administrativas que se han ido aprobando en los últimos años, implican un escenario de mayor riesgo y que representarían mecanismos para la criminalización de la labor de personas defensoras, organizaciones y periodistas.

Resulta preocupante el aumento de casos colectivos que han representado un 113.15% en relación al año 2022; y que han afectado a medios de comunicación, gremiales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones comunitarias y movimientos de víctimas. En relación a los casos individuales, se sigue señalando una mayor vulnerabilidad hacia mujeres defensoras y periodistas quienes representan más del 50% de estos registros.

En cuanto a los derechos analizados, cerca del 60% del total de casos se relaciona a vulneraciones al derecho al honor, a la imagen pública, a la vida privada y familiar. Por su parte, las modalidades de agresión más recurrentes se relacionan a declaraciones estigmatizantes que conllevan a prácticas que descalifican y estigmatizan la labor de personas defensoras y periodistas; generando un ambiente hostil y de intolerancia en la población.

Resulta particularmente importante señalar que se han documentado casos de detenciones arbitrarias contra personas defensoras y sus familias, que podrían representar un nuevo patrón de actuación del Estado al que debe prestarse atención en los próximos años. A su vez preocupan otros intentos de criminalización de la libertad sindical y de la libertad de expresión que estarían representados en algunos casos presentados en este informe.

El análisis sigue evidenciando que de los casos documentados para el año 2023, sigue siendo persistente la participación de agentes estatales como responsables de cerca del 50% de las agresiones. De estos casos (105), cerca del 39.05% se vinculan a agresiones perpetradas por funcionarios o empleados de la Asamblea Legislativa; mientras que un 37.14% estaría referido a instituciones de seguridad pública como la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.

La Mesa por el Derecho a Defender Derechos lamenta que el Estado salvadoreño siga incumpliendo sus compromisos internacionales en materia de protección y reconocimiento del derecho a defender derechos y de la legitimidad de las personas defensoras de derechos humanos y del periodismo independiente, como pilares para la construcción de una sociedad democrática.

El programa de Organización y Educación para la Paz (OEP) del Servicio Social Pasionista (SSPAS) realizó un intercambio denominado “Reconociendo mis derechos» entre participantes de diferentes comunidades, con el objetivo de crear un espacio de diálogo intergenérico sobre sus vivencias, propuestas y acciones que propicien un ambiente de sano esparcimiento.

El intercambio se desarrolló desde el Proyecto “Niñez y adolescencia de Cuscatancingo, promoviendo espacios libres de violencia de género” dentro de los comités de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA). Esto, a través de la visita al Museo Tín Marín y Parque Cuscatlán donde se llevaron a cabo diferentes actividades de convivencia entre los y las participantes.

Las jornadas se desarrollaron los días martes 21 y miércoles 22 de mayo e incluyeron espacio de evaluación, visita a exposición de arte urbano dentro de la instalaciones del Parque Cuscatlán e intercambio de experiencia y socialización de procesos de aprendizajes sobre prevención de violencia de género.