En el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura y Malos Tratos se desarrollaron actividades que tuvieron por objetivo visibilizar la realidad de las víctimas de tortura en la región, así como el acompañamiento que reciben por parte de las organizaciones en la búsqueda de justicia, estos eventos se realizaron del 25 al 27 de junio durante la Semana Contra la Tortura en El Salvador.

La agenda inició con un taller sobre el abordaje sensible al dolor de las víctimas, que pretende sensibilizar a periodistas y estudiantes de periodismo para abordar temas relacionados. Asimismo, la presentación de crónicas periodísticas de medios alternativos de El Salvador y Honduras sobre la temática.

Posteriormente, el 26 de junio se llevó a cabo el foro público “La voz de las Víctimas y sus Familiares: La denuncia como grito ante la (in)justicia”, el cual tuvo como objetivo compartir experiencias de organizaciones de víctimas, el rol protagónico que tienen las mismas en este proceso y cómo hacen frente a estas violaciones de derechos humanos. En este participó la colombiana María del Pilar Navarrete, integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el salvadoreño Mario Martínez, miembro del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR).

Desde su perspectiva, ambos reiteraron la importancia de denunciar toda violación a derechos humanos. María del Pilar desde su experiencia con la desaparición de su esposo hace 39 años durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, Colombia, y Mario, un profesor víctima del Régimen de excepción en El Salvador que pasó siete meses en la cárcel bajo malos tratos. 

Además, Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos del SSPAS, destacó la importancia de intentar visibilizar la situación de El Salvador a través de espacios de intercambio, buscar mecanismos de justicia pero también de reparación ante este supuesto “modelo de seguridad exitoso” del Estado.   

Ese mismo día, se desarrolló un foro sobre litigio estratégico en casos emblemáticos, basado en la socialización de experiencias de casos llevados a instancias internacionales y la presentación de un estudio regional sobre mecanismos de prevención de la tortura.

Finalmente, se realizó el foro “Rol de la comunidad internacional ante las graves violaciones a Derechos Humanos” el cual tuvo por objetivo analizar el impacto del rol de la comunidad internacional en la defensa de los derechos humanos. Para el cual, se tuvo un espacio anticipado de socialización de historias de vida y diferentes narraciones de cómo se han desarrollado casos con las directrices implementadas en el Régimen de Excepción que vive El Salvador desde el 2022.

Todas estas acciones fueron parte del proyecto “Inclusión, gobernanza y restitución de derechos para todas y todos» que ejecutaron el Servicio Social Pasionista (SSPAS), la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Centro de Estudios de la Mujer, SOMOS CDC y OIKOS – Cooperação e Desenvolvimento, financiado por la Unión Europea en Honduras.

La Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD) presenta su tercer informe anual de agresiones contra personas defensoras y periodistas. El informe analiza un total de 226 casos documentados, el más alto de los últimos tres años, equivalente a un aumento del 24.17% en comparación al año anterior.

A falta de un registro oficial y de la inexistencia de una Ley de reconocimiento y protección a la labor de las personas defensoras y periodistas; este informe constituye un ejercicio legítimo para visibilizar la problemática de desprotección y riesgo en la cual se enmarca esta labor.

En relación al análisis, los datos siguen mostrando la persistencia de un patrón de agresiones contra personas defensoras y periodistas; que se enmarca en un contexto de crisis democrática y de derechos humanos. Estos retrocesos permiten evidenciar que El Salvador no es un país seguro para ejercer el derecho a defender derechos.

La MDDD considera que el régimen de excepción, así como otras medidas legales y administrativas que se han ido aprobando en los últimos años, implican un escenario de mayor riesgo y que representarían mecanismos para la criminalización de la labor de personas defensoras, organizaciones y periodistas.

Resulta preocupante el aumento de casos colectivos que han representado un 113.15% en relación al año 2022; y que han afectado a medios de comunicación, gremiales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones comunitarias y movimientos de víctimas. En relación a los casos individuales, se sigue señalando una mayor vulnerabilidad hacia mujeres defensoras y periodistas quienes representan más del 50% de estos registros.

En cuanto a los derechos analizados, cerca del 60% del total de casos se relaciona a vulneraciones al derecho al honor, a la imagen pública, a la vida privada y familiar. Por su parte, las modalidades de agresión más recurrentes se relacionan a declaraciones estigmatizantes que conllevan a prácticas que descalifican y estigmatizan la labor de personas defensoras y periodistas; generando un ambiente hostil y de intolerancia en la población.

Resulta particularmente importante señalar que se han documentado casos de detenciones arbitrarias contra personas defensoras y sus familias, que podrían representar un nuevo patrón de actuación del Estado al que debe prestarse atención en los próximos años. A su vez preocupan otros intentos de criminalización de la libertad sindical y de la libertad de expresión que estarían representados en algunos casos presentados en este informe.

El análisis sigue evidenciando que de los casos documentados para el año 2023, sigue siendo persistente la participación de agentes estatales como responsables de cerca del 50% de las agresiones. De estos casos (105), cerca del 39.05% se vinculan a agresiones perpetradas por funcionarios o empleados de la Asamblea Legislativa; mientras que un 37.14% estaría referido a instituciones de seguridad pública como la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.

La Mesa por el Derecho a Defender Derechos lamenta que el Estado salvadoreño siga incumpliendo sus compromisos internacionales en materia de protección y reconocimiento del derecho a defender derechos y de la legitimidad de las personas defensoras de derechos humanos y del periodismo independiente, como pilares para la construcción de una sociedad democrática.

El programa de Organización y Educación para la Paz (OEP) del Servicio Social Pasionista (SSPAS) realizó un intercambio denominado “Reconociendo mis derechos» entre participantes de diferentes comunidades, con el objetivo de crear un espacio de diálogo intergenérico sobre sus vivencias, propuestas y acciones que propicien un ambiente de sano esparcimiento.

El intercambio se desarrolló desde el Proyecto “Niñez y adolescencia de Cuscatancingo, promoviendo espacios libres de violencia de género” dentro de los comités de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA). Esto, a través de la visita al Museo Tín Marín y Parque Cuscatlán donde se llevaron a cabo diferentes actividades de convivencia entre los y las participantes.

Las jornadas se desarrollaron los días martes 21 y miércoles 22 de mayo e incluyeron espacio de evaluación, visita a exposición de arte urbano dentro de la instalaciones del Parque Cuscatlán e intercambio de experiencia y socialización de procesos de aprendizajes sobre prevención de violencia de género.

El Servicio Social Pasionista (SSPAS) junto a otras organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos presentaron el informe de seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura de la Organización de la Naciones Unidas en noviembre de 2022.

Las tres recomendaciones de las organizaciones nacionales e internacionales que incluía el informe 2022-2023 enviado al Estado salvadoreño incluía: cesar las detenciones arbitrarias o ilegales, garantizar las salvaguardas legales para las personas capturadas en el marco del régimen de excepción y adecuar la legislación de excepción de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos que se ha producido en este contexto. También incluyeron resarcir daños a víctimas de la guerra por hechos que el Estado salvadoreño incumplió.

Por su parte, el Comité mostró su preocupación y emitió observaciones sobre las graves violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción, entre ellas detenciones arbitrarias, fallecidos al interior de la cárceles, acciones de torturas, desaparecidos, falta de un debido proceso.

De acuerdo al informe, para marzo del 2024 habían aproximadamente 76,000 personas reportadas como capturadas, cifra que actualmente supera las 79,000 detenciones en el marco del régimen de excepción. Asimismo, se mencionan las violaciones a derechos humanos como las desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales, que de acuerdo a un reciente informe de las organizaciones reportan 327 personas desaparecidas de forma forzada desde el inicio del régimen de excepción.

Además, se destacó que a pesar de que las organizaciones en marzo de este año enviaron sus respuestas al comité de la ONU, El Salvador sigue sin acatar las recomendaciones y observaciones dadas por la organización internacional.