OEP realiza intercambio de aprendizajes entre niñez y adolescencia en Fundación Pablo Tesak

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El programa de Organización y Educación para la Paz (OEP) del Servicio Social Pasionista llevó a cabo un intercambio de  experiencias y aprendizajes entre los comités de niñez y adolescencia. Fue un espacio diseñado para fomentar el liderazgo, fortalecer las habilidades y capacidades de las y los 60 participantes.

Entre las actividades realizaron un recorrido por las instalaciones de la Fundación Pablo Tesak, explorando el Imaginarium, un espacio interactivo sobre el mundo de los títeres, su elaboración y manipulación, estimulando su creatividad e imaginación; recorrieron el “mundo mesoamericano”, una exhibición de piezas arqueológicas que les permitió conocer la importancia de la preservación del legado cultural salvadoreño.

Este tipo de intercambios son fundamentales para seguir promoviendo la cultura de paz, los derechos humanos y la equidad en sus comunidades. Las jornadas divididas entre el 27 y 28 de agosto pertenecen al proyecto “Niñez y Adolescencia de Mejicanos organizada por un municipio libre de violencia con el apoyo de Kindermissionswerk, Die Sternsinger”.

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Organizaciones urgen al Estado salvadoreño a acatar las recomendaciones de la CIDH y brindar justicia y reparación a las víctimas del régimen de excepción

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Para las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, es urgente que el Estado salvadoreño cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas incluyen la creación de un registro de víctimas de violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción, la investigación de muertes y casos de tortura de personas detenidas bajo custodia estatal, y el establecimiento de un plan integral de reparación para las víctimas y sus familiares. También las recomendaciones para garantizar el debido proceso y permitir las visitas de familiares a los detenidos.

El informe titulado «Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador», publicado por la CIDH la semana pasada, representa una validación de las voces de las víctimas con las que trabajan las organizaciones salvadoreñas. Asimismo, reconoce el esfuerzo técnico y científico de estas organizaciones al documentar las violaciones de derechos humanos, ante la falta de cifras oficiales y el bloqueo de información pública.

La opacidad en la información de detenidos, procesos judiciales, muertes bajo custodia del Estado y uso de fondos públicos es otro de los señalamientos del informe que las organizaciones destacaron.

Este robusto informe, el más completo hasta la fecha sobre el régimen de excepción, fue elaborado con información de organizaciones sociales, del Estado y otras fuentes. Sin embargo, el Estado salvadoreño no ha permitido una visita de la CIDH al país para constatar directamente la situación.

El informe también desmonta la falsa dicotomía entre derechos humanos y seguridad, señalando en una de sus conclusiones: “La contraposición de estos dos aspectos es un falso dilema. La garantía y protección de los derechos humanos deben ser el objetivo y punto de partida de cualquier esfuerzo en materia de seguridad ciudadana”.

Como las organizaciones han solicitado durante los últimos años, la CIDH también recomendó que el Estado modifique la legislación para incorporar más medidas alternativas a la prisión preventiva, así como ajustar las leyes penales y procesales adoptadas o reformadas durante el régimen de excepción a los estándares interamericanos. Lo mismo aplica para la legislación en justicia juvenil reformada en ese contexto.

Para las organizaciones, este informe posiciona a El Salvador a nivel internacional como un Estado violador de derechos humanos, donde se han perdido los controles propios de una democracia y prevalece la arbitrariedad en un escenario de concentración de poder. Asimismo, esperan que el Estado acate estas recomendaciones y garantice justicia y reparación para las personas inocentes afectadas por el régimen de excepción.

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El Programa de Organización y Educación para La Paz del SSPAS, desarrolló un diplomado denominado: Jornadas para el fortalecimiento de capacidades en la gestión e incidencia comunitaria y municipal con adolescentes; como parte del proyecto “niñez y adolescencia de Mejicanos, organizada por un municipio libre de violencia”, que se realizó con el objeto de consolidar las competencias de las y los participantes frente a las acciones de incidencia, impulsadas en el espacio comunitario, municipal y/o nacional.

El proceso formativo se desarrolló en 6 talleres presenciales, con la participación de 22 adolescentes que forman parte de las Redes y del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia de Mejicanos, abordando los siguientes contenidos: derechos humanos y derechos de niñez y adolescencia; educación popular: experiencia y aprendizajes; ciudadanía social y participación;
incidencia en el ámbito local; y acciones de incidencia para la defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes.

En las jornadas se pudo notar un mayor desenvolvimiento y liderazgo en las personas participantes, algunas de ellas manifestaron sentirse emocionadas porque sus ideas y propuestas puedan ser escuchadas y atendidas por las instancias correspondientes.

Por otro lado, en cuanto a la participación cotidiana de las y los adolescentes dentro de las Redes y Consejo Consultivo, al analizar el contenido de participación y disponiendo de la metodología de “La Escalera de la participación ciudadana” de Roger Hart, la mayoría identificó que se encuentran en el 6to peldaño, el cual plantea que las decisiones son iniciadas por otros, pero planificadas con la población. Todo el proceso ha sido financiado por Kindermissionswerk.

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Organizaciones realizan actividades conmemorativas en el marco de la Semana Contra la Tortura en El Salvador

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Organizaciones sociales realizan actividades conmemorativas en el marco de la Semana Contra la Tortura en El Salvador

En el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura y Malos Tratos se desarrollaron actividades que tuvieron por objetivo visibilizar la realidad de las víctimas de tortura en la región, así como el acompañamiento que reciben por parte de las organizaciones en la búsqueda de justicia, estos eventos se realizaron del 25 al 27 de junio durante la Semana Contra la Tortura en El Salvador.

La agenda inició con un taller sobre el abordaje sensible al dolor de las víctimas, que pretende sensibilizar a periodistas y estudiantes de periodismo para abordar temas relacionados. Asimismo, la presentación de crónicas periodísticas de medios alternativos de El Salvador y Honduras sobre la temática.

Posteriormente, el 26 de junio se llevó a cabo el foro público “La voz de las Víctimas y sus Familiares: La denuncia como grito ante la (in)justicia”, el cual tuvo como objetivo compartir experiencias de organizaciones de víctimas, el rol protagónico que tienen las mismas en este proceso y cómo hacen frente a estas violaciones de derechos humanos. En este participó la colombiana María del Pilar Navarrete, integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el salvadoreño Mario Martínez, miembro del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR).

Desde su perspectiva, ambos reiteraron la importancia de denunciar toda violación a derechos humanos. María del Pilar desde su experiencia con la desaparición de su esposo hace 39 años durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, Colombia, y Mario, un profesor víctima del Régimen de excepción en El Salvador que pasó siete meses en la cárcel bajo malos tratos. 

Además, Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos del SSPAS, destacó la importancia de intentar visibilizar la situación de El Salvador a través de espacios de intercambio, buscar mecanismos de justicia pero también de reparación ante este supuesto “modelo de seguridad exitoso” del Estado.   

Ese mismo día, se desarrolló un foro sobre litigio estratégico en casos emblemáticos, basado en la socialización de experiencias de casos llevados a instancias internacionales y la presentación de un estudio regional sobre mecanismos de prevención de la tortura.

Finalmente, se realizó el foro “Rol de la comunidad internacional ante las graves violaciones a Derechos Humanos” el cual tuvo por objetivo analizar el impacto del rol de la comunidad internacional en la defensa de los derechos humanos. Para el cual, se tuvo un espacio anticipado de socialización de historias de vida y diferentes narraciones de cómo se han desarrollado casos con las directrices implementadas en el Régimen de Excepción que vive El Salvador desde el 2022.

Todas estas acciones fueron parte del proyecto “Inclusión, gobernanza y restitución de derechos para todas y todos» que ejecutaron el Servicio Social Pasionista (SSPAS), la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Centro de Estudios de la Mujer, SOMOS CDC y OIKOS – Cooperação e Desenvolvimento, financiado por la Unión Europea en Honduras.

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Presentación de Informe de agresiones contra personas defensoras y periodistas: análisis de casos 2023

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Presentación de Informe de agresiones contra personas defensoras y periodistas: análisis de casos 2023

La Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD) presenta su tercer informe anual de agresiones contra personas defensoras y periodistas. El informe analiza un total de 226 casos documentados, el más alto de los últimos tres años, equivalente a un aumento del 24.17% en comparación al año anterior.

A falta de un registro oficial y de la inexistencia de una Ley de reconocimiento y protección a la labor de las personas defensoras y periodistas; este informe constituye un ejercicio legítimo para visibilizar la problemática de desprotección y riesgo en la cual se enmarca esta labor.

En relación al análisis, los datos siguen mostrando la persistencia de un patrón de agresiones contra personas defensoras y periodistas; que se enmarca en un contexto de crisis democrática y de derechos humanos. Estos retrocesos permiten evidenciar que El Salvador no es un país seguro para ejercer el derecho a defender derechos.

La MDDD considera que el régimen de excepción, así como otras medidas legales y administrativas que se han ido aprobando en los últimos años, implican un escenario de mayor riesgo y que representarían mecanismos para la criminalización de la labor de personas defensoras, organizaciones y periodistas.

Resulta preocupante el aumento de casos colectivos que han representado un 113.15% en relación al año 2022; y que han afectado a medios de comunicación, gremiales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones comunitarias y movimientos de víctimas. En relación a los casos individuales, se sigue señalando una mayor vulnerabilidad hacia mujeres defensoras y periodistas quienes representan más del 50% de estos registros.

En cuanto a los derechos analizados, cerca del 60% del total de casos se relaciona a vulneraciones al derecho al honor, a la imagen pública, a la vida privada y familiar. Por su parte, las modalidades de agresión más recurrentes se relacionan a declaraciones estigmatizantes que conllevan a prácticas que descalifican y estigmatizan la labor de personas defensoras y periodistas; generando un ambiente hostil y de intolerancia en la población.

Resulta particularmente importante señalar que se han documentado casos de detenciones arbitrarias contra personas defensoras y sus familias, que podrían representar un nuevo patrón de actuación del Estado al que debe prestarse atención en los próximos años. A su vez preocupan otros intentos de criminalización de la libertad sindical y de la libertad de expresión que estarían representados en algunos casos presentados en este informe.

El análisis sigue evidenciando que de los casos documentados para el año 2023, sigue siendo persistente la participación de agentes estatales como responsables de cerca del 50% de las agresiones. De estos casos (105), cerca del 39.05% se vinculan a agresiones perpetradas por funcionarios o empleados de la Asamblea Legislativa; mientras que un 37.14% estaría referido a instituciones de seguridad pública como la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.

La Mesa por el Derecho a Defender Derechos lamenta que el Estado salvadoreño siga incumpliendo sus compromisos internacionales en materia de protección y reconocimiento del derecho a defender derechos y de la legitimidad de las personas defensoras de derechos humanos y del periodismo independiente, como pilares para la construcción de una sociedad democrática.

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